Desde su posición en la gerencia general de Clínica Alemana asumida a inicios de 2019 –tras dos décadas a cargo de la administración y finanzas de esa institución, más una activa participación a nivel gremial-, Cristián Piera ha seguido al detalle la crisis de las isapres y sus repercusiones para el conjunto de la salud privada.

En 2021, ya advertía los efectos de este escenario y la necesidad de aplicar cautela en el ambicioso plan de infraestructura que venía diseñando la clínica, cuadro que se profundizó el año pasado al detener el inicio de dos grandes proyectos en Vitacura y La Dehesa.

Ahora, frente a un sector asegurador privado de salud que ha sido objeto de tres fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema con fuertes implicancias para su estructura financiera, su diagnóstico es rotundo: “siendo objetivo, y luego de lo que ha pasado en estos meses, la situación es realmente límite para las isapres, y lo que aceleró más esto fue el fallo GES. Si no existe un consenso en relación a la ley corta, es altamente probable que una o varias isapres caigan, no hay ninguna duda”.

“Ya no hay más plazo. La ley corta debe estar lista el 30 de noviembre, y el tema GES agotó más el tiempo, ya que desde septiembre los ingresos de las isapres caen en US$ 50 millones al mes”.

Por ello, enfatiza que para "asegurar la sostenibilidad del sistema”, es urgente que el proyecto que discute la comisión de Salud del Senado sea capaz de ampliar su mandato inicial de instruir y contener los efectos del fallo por tabla de factores, incorporando la necesidad de abordar las consecuencias de la reciente sentencia por las primas GES.

“Ya no hay más plazo. La ley corta tiene que estar lista el 30 de noviembre, y además el tema GES agotó más el tiempo y puso un carácter de absoluta urgencia, ya que a partir de septiembre los ingresos de las isapres caen –según nuestros cálculos- en $ 40.200 millones mensuales, unos US$ 50 millones. Es decir, el sistema tendrá US$ 150 millones menos de ingresos a noviembre, por lo que a algunas isapres les va a costar llegar a esa fecha”, advierte. Y resume las grandes cifras que amenazan con poner en jaque a las aseguradoras: “el GES implica US$ 600 millones menos de ingresos al año, sumado a los US$ 400 millones que caen por tabla de factores, más los US$ 1.400 millones en devoluciones por este último concepto”.

- Tras dos años de pérdidas, las isapres cerraron su primer semestre en azul, y a la fecha no han incumplido los indicadores que fiscaliza el regulador. Con datos como estos, hay quienes desestiman una caída inminente…

- Si el reajuste GES no hubiese existido, las isapres habrían tenido menos ingresos en el primer semestre por unos $ 231 mil millones. Por lo tanto, es urgente llegar a un consenso en la ley corta que resuelva el tema de tabla de factores y el tema GES por la situación que se va a vivir de falta de liquidez en las aseguradoras.

- ¿Qué tan contra el tiempo está el Senado?

- La ley corta de por sí requiere mucho trabajo para resolver el complejo tema de la tabla de factores, pero pedir más plazo para tratar de buscar una solución ya no va a ser factible. Tenemos que tener sí o sí la ley corta el 30 de noviembre y en eso el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, ha sido enfático. 

- ¿Qué expectativa tiene de que el trabajo de discusión en el Senado logre elaborar a tiempo un proyecto de la ley corta que logre contener la crisis de las isapres ?

- Los plazos son acotados, por lo que se requiere un sentido de suma urgencia por los afiliados. Si una isapre, cae en insolvencia, entre un 25% y 30% de ellos finalmente no tienen otra alternativa que terminar en Fonasa, porque son pacientes que se están tratando una enfermedad y tienen preexistencias que les impiden contratar un seguro privado.  Eso va a saturar más el sistema público, que ya está absolutamente colapsado con 2,3 millones de consultas y 315 mil cirugías en espera, y, lo que para mí es el dato más duro, con 72 mil pacientes con patologías GES con las garantías incumplidas.

- La etapa decisiva del diseño de la ley corta está a la espera del informe del comité técnico y de las indicaciones que debe enviar el Ejecutivo ¿cuál es su expectativa respecto de los lineamientos que entregue el Gobierno?

-Quiero ser optimista en relación a que se hagan las indicaciones que corresponden buscando dar viabilidad al sistema. 

- ¿Qué lineamientos básicos debe tener la solución a la crisis de las isapres?

- Tenemos una tremenda oportunidad de construir un puente para llegar a una solución definitiva que logre la anhelada reforma a salud. Creo que existe más consenso en cuanto a que debe ser un plan de salud universal para los 19 millones de chilenos. El tema es que hay que ser capaces de llegar a una solución que resuelva el tema de la tabla de factores, el GES y la sostenibilidad del sistema de manera urgente, y lograr un consenso que permita llegar a esa reforma que lleva 15 años esperando.

-  ¿Qué elementos se deben considerar para asegurar esa transición?

- Definir bien qué es cumplir con el fallo –con las devoluciones y menores de ingresos-, y ver si existe otra interpretación en la ley corta respecto de la tabla de factores, para lo cual es fundamental lo que diga el comité técnico. Y hay que sumar cómo resolvemos el déficit mensual por la prima GES, porque hay que ser transparentes: las isapres tenían un déficit que ajustaron por esa única válvula de ajuste que les quedaba. Ahora tienen que tener otra, no para tener utilidades, sino para lograr una transición a la reforma que queremos.

Otro factor importante es el Índice de Costos de la Salud (ICSA), el IPC de la salud, que hay que corregir porque el anterior no consideraba todos los costos.

- Como ejecutivo a cargo de una institución privada ¿no le tiene miedo a un plan de salud universal?

- No, para nada. Estoy de acuerdo en que debiera haber un plan de salud sin factores de riesgo, con un fondo compensación y que sea ofrecido por aseguradoras públicas y privadas. Sí, en lo personal, no me gustaría que el plan de salud universal solo lo entregara el asegurador público, porque cuando fija el precio, fija el estándar de calidad. Además, Fonasa no reconoce todas las prestaciones que existen y hoy su arancel está mucho más atrás en las nuevas técnicas médicas de tratamiento. Y, tercero, los plazos de pago del asegurador público son muy distintos a los de los aseguradores privados.

-¿Cómo se debería tratar la coexistencia de seguros públicos y privados en ese marco?

- En este plan de salud universal que va a ser la base, se va a poder contratar seguros complementarios en aseguradoras privadas con las cuales Fonasa también puede trabajar, y ahí entraría la Modalidad de Cobertura Complementaria del seguro público,  tema que hay que estudiar de manera separada en la ley corta.

El efecto deuda

-¿Qué efectos estima para los prestadores privados si hay isapres que colapsen antes de aprobar la ley corta?

- Hoy, el sistema prestador se financia básicamente de las aseguradoras privadas, que a su vez les deben $ 563 mil millones. La isapres están en una situación financiera compleja, los plazos de pago se han ido alargando, por lo que vemos cada vez más difícil que éstas se puedan poner al día, más si a partir del próximo mes sus ingresos van a caer en US$ 50 millones mensuales. Esto solo va a empeorar. Y una caída abrupta del sistema de isapres posiblemente llevaría a la quiebra de varios prestadores privados, con un daño tremendo para todos los beneficiarios.

-¿Cuáles son las consecuencias de esta exposición de las clínicas a la crisis de las isapres ?

-Para los prestadores, la mayoría de sus costos son fijos, y entre un 50% y 60% corresponden a recursos humanos. Con esta estructura, si una isapre quiebra y no paga, obviamente existe el riesgo de que caigan en insolvencia también muchos prestadores. Además, estos últimos son a los que se les paga al final con las garantías cuando una isapre cae en insolvencia.  Recordemos que la isapre Masvida quebró en 2017 y la garantía para los prestadores aún no se liquida, reflejando lo complicado que es este proceso. Y eso que se debió a la caída de una sola isapre por un tema particular, no una crisis completa del sector por un problema estructural de financiamiento.

-¿En qué medida agrava este cuadro la deuda que mantienen los servicios de salud con las clínicas?

-La deuda del sector público ha aumentado a $ 380 mil millones con periodos de pago larguísimos. Los servicios de salud deben $ 200 mil millones -correspondientes al lapso 2020 a 2022-, de los cuales un 40% se va a pagar en marzo de 2024 y el otro 60% probablemente al final del Gobierno. Cuando se pagan sueldos, productos, insumos y medicamentos a los proveedores a 30 o 45 días, eso es insostenible desde el punto de vista financiero.

-Desde el año pasado se registró el fin de varios convenios entre clínicas e isapre. En el caso de las Clínica Alemana, ¿cuál es el estado de las relaciones comerciales con aseguradoras de salud?

-Nosotros seguimos en la misma situación. A las isapres que no cumplen con los plazos de bonificación y pago, desgraciadamente les hemos tenido que terminar el convenio.  Y las otras isapres han seguido cumpliendo.

-¿Cómo ve la situación en el corto plazo?

-La mayor preocupación es la crisis de liquidez que se va a generar a partir de septiembre con el fallo del GES –que claramente hay que cumplir- y que trataremos de ver cómo resolvemos. Nosotros siempre ponemos a los pacientes en el centro y si la isapre incumple nosotros les damos toda la facilidad para que paguen y reembolsen.

Ajustes en inversión

-Los ingresos de Clínica Alemana provienen principalmente de las isapres ¿cuál es su situación financiera y que medidas han adoptado?

- Las finanzas de la clínica están bien porque hemos tomado los resguardos. Dado que nuestra componente de pacientes tiene un 90% de isapres, para enfrentar este escenario básicamente hemos detenido todos los proyectos de grandes construcciones.

-El año pasado, la clínica frenó sus inversiones en nueva infraestructura. ¿Qué decidieron para 2024?

-Todas las grandes construcciones siguen congeladas. Los nuevos edificios -tenemos un proyecto aprobado en Vitacura y otro en La Dehesa- implican inversiones de no menos de US$ 50 millones cada uno. Obviamente, se requieren ciertas certezas de cómo financiarlas y es necesario ser responsables para ser capaces de sortear el peor escenario de crisis, que es que caigan varias isapres al mismo tiempo, y para eso estamos trabajando.

- ¿Cuánto bajó el presupuesto inicial de este año?

- Fue un ajuste de 40%, con un presupuesto en equipamiento del orden de US$ 25 millones y cercano a US$ 15 millones en construcciones. O sea, suma US$ 40 millones.

-¿Qué pasará en 2024?

-La planificación se cierra en noviembre, periodo en el que ojalá podamos tener claridad respecto a la ley corta. Sí decidimos descongelar la inversión en equipamiento, que debiera ser del orden de un 30% más que este año, ya que requerimos tecnología de punta.

-¿Cuál es el propósito?

-Debemos ser capaces de absorber la demanda que está en niveles históricos -Clínica Alemana nunca había tenido tanta actividad como en 2023- básicamente usando nuevas tecnologías, como es el caso de la telemedicina, y además, estamos aplicando una mayor ambulatorización de los tratamientos. Por ejemplo, en cirugía mayor ambulatoria, se acorta la estadía de los pacientes hospitalizados dando una alta segura con protocolos de seguimiento con telemedicina y teleenfermería.  ¿Qué quiero decir con esto?, si antes una colecistectomía requería estar dos días hospitalizado, hoy el paciente muchas veces se va de alta en el mismo día. Tenemos que ser más eficientes.

-¿Qué acciones están adoptando en materia de prevención?

-A través de la compañía de seguros, también estamos incursionando mucho en tratar de empezar a generar conciencia en los pacientes que tienen productos con Clínica Alemana sobre lo importante que es la prevención y el bienestar.  En concreto, que estén con sus exámenes –como mamografías y test de antígenos al día-, y ojalá con toda la prevención al día en los cánceres más frecuentes. Eso es fundamental.